...Viene de la Parte 1
Las
centrales mencionadas se construyeron en su mayor parte durante el período de
gran crecimiento económico, incluso a pesar de sufrir muchas crisis políticas,
entre los años 1960 y 1974. Algunas continuaron y se pusieron en marcha durante
los 80 porque la generación, transporte y distribución de energía era
prácticamente un monopolio estatal y las grandes obras se seguían planificando,
aunque la debacle económica provocada por la dictadura militar (1976-1983)
frenó en gran parte el ritmo de las inversiones llegando incluso a la
paralización total de algunas obras. No solo se sufrió la paralización de las
obras nuevas sino que la falta de presupuesto afectó incluso los programas de
mantenimiento y reparación de las usinas existentes. Esta falta de
mantenimiento provocó la primera de las crisis de oferta energética durante los
últimos años del gobierno de Raúl Alfonsín obligándolo a programar cortes a lo
largo del país para evitar el colapso del sistema. Esta crisis pavimentó el
camino equivocado que llevó a la privatización del sistema eléctrico argentino
(SEA) y convertir las tres grandes empresas estatales Agua y Energía, SEGBA e
Hidronor en una constelación de empresas generadoras, transportadoras y
distribuidoras que no tuvieron acceso al enorme plantel de profesionales
especialistas con que contaban las empresas estatales y que permitieron la
elaboración del programa estratégico de largo plazo sobre el que se montó la
infraestructura del SEA. Tal fue la previsión y visión de futuro de la etapa
estatal de manejo del SEA que en muchas partes hasta el día de hoy se genera,
transmite y distribuye utilizando la misma infraestructura de aquella época. Un
lugar donde esto es evidente es en la zona correspondiente a la ex-SEGBA, el
Gran Buenos Aires. Las empresas que se quedaron con la explotación de esa
región, Edenor y Edesur, son las que, gracias a su escasa inversión en nueva
infraestructura, provocan las recurrentes crisis energéticas cada verano. En su
zona de explotación se producen los cortes recurrentes durante estos meses de
gran consumo.
Durante
la gestión de los Kirchner, donde a pesar de cierta imprevisión y descuido en
el sector energético y donde no se intervino para nada en el esquema de
explotación privada del sistema, sí se entendió parcialmente que es el Estado
el que tiene que intervenir activamente en generar oferta estratégica de
energía, no el sector privado. Dentro de este concepto el estado intervino en
aumentar la cota de la Central Yaciretá que estaba generando solo al 70% de su
capacidad de diseño, reflotar la abandonada central atómica Atucha II y por primera
vez en décadas arrancar con la construcción de importantes centrales
hidráulicas nuevas y nuevas centrales atómicas. Estas centrales una vez puestas
en marcha permitirán un ahorro importante de combustibles fósiles no
renovables. Estrategia que solo era concebible desde el estado.
Esta
intervención estatal en la construcción de grandes centrales de bajo costo de
explotación pero que requieren de un gran esfuerzo fiscal es una pata,
importante, pero parcial dentro de un esquema donde el transporte y la
distribución de la energía sigue en manos privadas. Y es en ese sector donde se
seguirán produciendo los cuellos de botella porque los operadores privados se
niegan a hacer inversiones que garanticen una servicio de calidad y confiable.
Cuando un consumidor privado requiere conectarse a una red pública, pero cuya
explotación la tiene otro privado, la distribuidora, la inversión de aquella
conexión que pasará a engrosar el patrimonio de la distribuidora, la debe
financiar el consumidor. Cuando se trata de una inversión importante, como la
infraestructura de un barrio o el acceso de varios kilómetros desde la red existente
a un establecimiento industrial, por ejemplo, la empresa distribuidora
contabilizará esa obra como parte de su inversión en infraestructura
comprometida cada año a pesar de ser pagada en su totalidad por el usuario o
cliente. Si este último está bien asesorado y conoce la ley, esa inversión que
hizo de su bolsillo la puede recuperar en el tiempo en forma de energía a
consumir. Si no está asesorado la inversión la pierde, ya que la distribuidora
solo repondrá el costo de la obra si se hace una serie de gestiones legales y
burocráticas en ese sentido. De lo contrario es una infraestructura pagada por
un tercero que las empresas pasar a poseer y hacer figurar como inversión
propia sin haber desembolsado un peso. Uno de los argumentos preferidos de
parte de las empresas explotadoras del SEA para no invertir era el bajo valor
de las tarifas eléctricas.
En
2016 el tema más urticante fue el aumento obsceno en el monto de las tarifas,
entre ellas las eléctricas. Además de este aumento brutal se les perdonó a las
empresas eléctricas una cifra sideral de deuda con el estado. Y se les conservó
los subsidios, cuya eliminación era uno de los argumentos para justificar los
enormes aumentos. Encima de todo esto las empresas están solicitando un nuevo
aumento del 75% para principios de 2017. Y aun así no hicieron las inversiones.
Para el presente verano ya el presidente anunció los mismos o mayores cortes
que en el verano anterior sabiendo que sobre la infraestructura no se gastó una
moneda. Fin parte 2.
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