Luis Corvalán 1° de Julio de 2004Publicado en Diario EL SIGLO - Tucumán
Durante 50 años, los argentinos estuvimos alternando entre gobiernos civiles y militares. Cuando un gobierno elegido en las urnas no nos gustaba, se echaba la culpa al “sistema democrático” y se miraba automáticamente a los cuarteles, hasta que al finalmente aprendimos a valorar la democracia como sistema, y a los malos gobiernos distinguirlos como tales y aprendimos a hacer algo al respecto permaneciendo dentro de las leyes y la Constitución.
Algo similar ha ocurrido con los bienes del Estado. La prédica constante de nuestros liberales del subdesarrollo nos llevó a la idea de que TODO lo estatal era malo y que debía pasar a manos privadas, y que este era el único camino para obtener un país moderno y exitoso. La contradicción se evidenció casi de inmediato cuando los interesados en las primeras grandes privatizaciones eran justamente empresas estatales, pero de otros países que realmente son modernos y exitosos. Si bien es innegable que el Estado no debe poseer decenas de canales de TV, teatros, radios, bodegas, talleres metalúrgicos, etc., hay funciones y bienes que deben o deberían haber quedado en manos estatales. La necesidad de mantener la convertibilidad y financiar el enorme déficit fiscal producido justamente por privatizar irresponsablemente el sistema jubilatorio, llevó al gobierno de Menem a entregar a manos privadas las cosas más básicas que permiten a un país definir su perfil productor y de crecimiento ordenado y sostenido. Este es el caso del petróleo y el gas, recursos naturales estratégicos y no renovables, es decir, que se agotarán algún día.
Con respecto a la discusión de la inminente crisis energética producto de la escasez de gas natural que ha estado ocupando grandes espacios en todos los medios de difusión, quiero agregar un ángulo de análisis que no he observado hasta el momento. En general se coincide en que la crisis es producto de la falta de inversiones y se discrepa más en las causas de esa falta de inversiones. Sin negar este aspecto de la realidad, quiero contribuir con las siguientes observaciones:
De las privatizaciones de principios de la década del 90, uno de los procesos que se menciona como ejemplar fue la reestructuración del sector eléctrico argentino. Básicamente consistió en un proceso de desmembramiento de los colosos estatales SEGBA, Agua y Energía e Hidronor en una cantidad bastante grande de empresas generadores, transportistas (mayoristas) y distribuidoras (minoristas), logrando crear así un sistema cuasi competitivo de una actividad que en el mundo es mayoritariamente monopólica y con clientes cautivos.
La oferta de energía la proveen las empresas generadoras, y estas pueden recurrir a diversas fuentes de energía primaria que se convertirá en energía eléctrica en las respectivas usinas. En general, se cumple una ley que hace que el costo de explotación sea más o menos inversamente proporcional al costo de instalación. En criollo, cuanto más invierto en la instalación de mi usina, más barato me costará su funcionamiento. Así, en un ejemplo extremo, un simple grupo electrógeno con motor diesel sería la inversión más barata, pero su explotación es tan costosa, que este tipo de máquinas sólo sirven como grupos de emergencia en lugares donde el suministro de hace crítico: hospitales, sanatorios, hoteles, comercios, etc. Las grandes usinas diesel que se instalaron en el país en la primera mitad del siglo XX están en la mayoría de los casos desmanteladas, como nuestra vieja Central Sarmiento, hoy centro recreativo. El otro ejemplo extremo sería construir un embalse y generar energía partiendo del agua, con un costo de explotación bajísimo, pero la obra civil que el emprendimiento requiere se pagaría recién después de varios lustros de explotación, en la mayoría de los casos. Entre estos extremos se encuentra una variada gama de posibilidades: centrales de vapor convencional, turbinas a gas, de ciclo combinado, centrales nucleares, eólicas, solares, etc.
El proceso privatizador mencionado dejó liberado completamente a la iniciativa privada la instalación de usinas. Con respecto a esto comenta el mentor del proyecto oficial, el ex Secretario de Energía Ing. Carlos Bastos “...la actividad de generación no reviste carácter monopólico, por lo que bien podría decirse que no se justifica la existencia de regulación...” y más adelante, hablando de las centrales térmicas agrega “la generación a través de centrales de este tipo está prácticamente libre de regulación. No hay barreras a la entrada, es decir, cualquier firma puede iniciarse en esta actividad...”(*).
Debido a esto los inversores privados han optado exclusivamente por emprendimientos que requieren una inversión baja y de rápida amortización. De esta manera a partir de la reestructuración del sistema han proliferado las centrales de turbinas a gas, que se compran llave en mano, prefabricadas y que pueden estar operativas a escasos 180 días desde el cercado del predio. Incluso, para reducir al mínimo las inversiones, estas centrales se han instalado en nodos estratégicos ya existentes, donde hay líneas de transmisión importantes y gasoductos troncales que fueron construidos con recursos estatales, previo a las privatizaciones, como es el caso de El Bracho en Tucumán, y las proximidades de Güemes en Salta, por citar ejemplos cercanos. Pero este tipo de generación requiere de un combustible no renovable, como es el gas natural. En un país con una enorme extensión, poco poblado, con ríos de llanura y montaña y constantes vientos patagónicos, que se recurra exclusivamente a instalar centrales que funcionan a gas natural es un lento suicidio. En 1989 las centrales hidráulicas argentinas proveían el 44% de la energía total consumida en el país, y las centrales de turbo-gas un poco más del 13%. Hoy la generación hidráulica cubre aproximadamente el 30% de la demanda de energía eléctrica del país, mientras que casi el 30% del gas natural que se consume lo hacen las generadoras, frente al 37% que consume la industria, 25% las residencias y 8,7% los vehículos a GNC. Con respecto al GNC, que muchos señalan ahora como el gran culpable del aumento de la demanda, aparte de la poca incidencia en el consumo global, permite reemplazar combustibles líquidos igualmente no renovables, por un combustible más barato, de menor valor agregado y con mayores reservas. Además, produjo un desarrollo tecnológico importante, tanto en equipos vehiculares como en las unidades compresoras, con inversiones privadas genuinas de varios miles de millones de dólares y los tan necesarios puestos de trabajo. No es el caso de la energía eléctrica, que puede ser generada sin recurrir a combustibles.
Si el Estado no revisa el “ejemplarmente” privatizado sector eléctrico argentino, en muy poco tiempo la generación de energía eléctrica pasará a ser el principal consumidor de gas natural del país. Ya este año, las industrias, que en la mayoría de los casos no pueden producir con otro combustible, verán limitado su suministro a causa de la producción de energía eléctrica, elemento igual de indispensable, pero que se podría tranquilamente generar por otros medios.
Al replegarse completamente el estado como promotor o regidor del sistema eléctrico argentino, los grandes proyectos hidráulicos que hubiesen permitido un aumento considerable de la oferta de energía sin comprometer las reservas no renovables y sin contaminación ambiental han desaparecido de la agenda. Esta crisis debería ser el llamado de atención que despierte a legisladores y autoridades y que sea el pueblo, a través de sus representantes e instituciones, el que defina las estrategias de producción y consumo de sus recursos no renovables, como lo hacen todos los países serios del mundo. Es un tema que no puede quedar exclusivamente en manos de intereses particulares.
(*) Carlos Manuel Bastos – Manuel Angel Adbala: Transformación del Sector Eléctrico Argentino – 2ª Edición 1995 (Prólogo de Domingo F. Cavallo) pág. 169 (resaltado mío).
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